La iniciativa es el resultado de una enmienda transaccional que pataron los cinco grupos que habían presentado proposiciones sobre esta cuestión: PP, PSOE, CiU, Izquierda Unida y Grupo Mixto.

Los grupos no lograron ponerse de acuerdo sobre si el Código Penal debe tipificar explícitamente la ablación. Por eso, han pactado que la comisión técnica encargada de revisar el sistema de penas "estudie las posibles modificaciones legislativas a fin de que éstas prácticas resulten sancionadas adecuadamente, sea cual sea el lugar donde se hayan llevado a cabo y siempre que laspersonas responsables se encuentren en España".

La proposición también emplaza al Ejecutivo a que aplique la Ley de Extranjería, de modo que "se informe obligatoriamente a quien solicite permiso de residencia, además de sobre sus derechos y deberes, de que la práctica de la mutilación genital femenina es un delito perseguido penalmente en nuestro país".

El pleno de la Cámara Baja exhorta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas y con las ONG, desarrolle programas sanitario, sociales, y educativos destinados a prevenir la mutilación genital femenina entre la población de riesgo.

Según el Congreso, el Gobierno también debe colaborar con las autonomías para dotar a los distintos colectivos profesionales de la formación necesaria para poder prevenir y tratar las extirpaciones de clítoris.

La proposición pactada incluye otro punto para que el Gobierno inste al fiscal general del Estado a dictar las instrucciones oportunas con el fin de que se persigan y enjuicien a laspersonas responsables de mutilación genital femenina.

Los portavoces de todos los grupos coincidieron en felicitarse de que el Congreso haya aprobado una iniciativa contra una conducta de la que ya hay evidencias de que se practica en España, y que supone un "grave atentado" contra los derechos de la mujer que no puede justificarse con el pretexto del respeto a la diversidad cultural.

María Jesús Sainz, diputada del PP, consideró que el artículo 149 del Código Penal, que regula las sanciones por utilaciones graves (con penas de hasta 12 años de cárcel), sería el marco idóneo para subsumir la ablación, pero es más aconsejable que decida la comisión técnica.

Micaela Navarro, del PSOE, expresó su deseo de que las Administraciones pongan el acento en la información a los extranjeros por delante de la persecución del delito, porque sólo con el Código Penal no se entierra esta costumbre.