Según un comunicado conjunto, a pesar de esta decisión ambas compañías prevén que en un futuro se podrán dar las condiciones que permitan reconsiderar el proyecto y, a tal fin, se proponen proseguir conjuntamente sus acciones así como en el diálogo con las instituciones.

A raíz de este acuerdo, la junta de accionistas de Autostrade deberá decidir hoy si se paga el dividendo extraordinario, que forma parte de la ecuación de canje, al haberse producido circunstancias que obstaculizan la ejecución de la fusión.

Cabe recordar que el pago de dicho dividendo extraordinario estaba condicionado a la realización efectiva de la fusión, con lo cual su impacto financiero habría incidido tan solo en los balances de la compañía resultante. La decisión de los órganos de administración de ambas sociedades se basa en el análisis y valoración de las distintas circunstancias sobrevenidas desde el momento en que se anunció la fusión el pasado 23 de abril, confirmada en las juntas de junio.

La nueva normativa italiana implica, según ambas compañías, el sometimiento de la concesionaria de un obra o servicio de caracter público a una modificación "profunda y unilateral" de las condiciones en las que opera. A su juicio, se desconoce el alcance que puede tener la normativa y tampoco se concretan los términos de la indemnización si el concesionario no aceptase el nuevo contrato y, en consecuencia, la concesión existente se extinguiera.

Finalmente, ambas sociedades destacan que, a pesar de constatar de modo compartido la necesidad de interrumpir el proyecto de fusión, están convencidas de la validez, del sentido industrial y de la dimensión europea que tiene el proyecto de unión entre ambas, tanto para sí mismas como para sus accionistas, los mercados implicados, los usuarios y las economías italiana y española.