La decisión de abandonar el inmueble fue tomada después de obtener el compromiso del administrador nombrado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), Mateo Ruiz Oriol, de buscar una salida para intentar recolocar a todos los empleados del BCC, que tiene una plantilla de 300 trabajadores.

El encierro, que fue secundado en las sucursales que el BCC tiene en otras provincias, tenía por finalidad presionar para que el Banco de España y la patronal bancaria AEB se comprometiesen a recolocar a todos losempleados.

Tras el desalojo, efectivos de la Policía Nacional custodiaban la sede del banco, para garantizar su seguridad e impedir nuevas tentativas de encierro. Los agentes se mantuvieron todo el día a la expectativa, mientras los trabajadores permanecían aislados del exterior por medio de un sistema de puertas de seguridad sólo activable desde el interior del inmueble.