Así lo avanzó este viernes en rueda de prensa el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien destacó que ésta es "sin duda una buena noticia" ya que muestra una "consolidación de nuestras cifras".

De esta forma, el saldo positivo final con el que la Seguridad Social cierre el año será casi el doble que lo previsto inicialmente, que situaba el superávit en el 0,2% del PIB, es decir, unos 2.000 millones de euros.

No obstante, Granado advirtió de que la cifra definitiva dependerá en gran medida de cómo termine el año la inflación, ya que el Sistema deberá compensar a los pensionistas con una paga adicional en enero si se produce una desviación del 1% previsto.

En este sentido, el secretario de Estado apuntó que cada décima de desviación de la inflación supone unos 100 millones de euros en la paga de enero.

Si en noviembre (mes de referencia para establecer la desviación) el IPC cierra al mismo nivel de septiembre (el 2%) habrá una desviación de un punto porcentual, que supondría 1.000 millones de euros en enero. Si se mantiene el IPC en este nivel, el superávit sería "algo más de 4.000 millones de euros".

Sin embargo, teniendo en cuenta que en octubre y noviembre la inflación podría aumentar o disminuir algunas décimas, la horquilla del superávit con la que trabaja la Seguridad Social varia unos 500 millones de euros.

La importante mejora del superávit frente a la previsión se explica, según el secertario de Estado, por unos ingresos superiores a los previstos y un "notable ahorro" en los gastos gracias al "esfuerzo de austeridad de este año".

Granado destacó los ahorros en personal, en bienes y servicios y en los gastos financieros, que, como el Sistema ya no tiene deuda, "es un capítulo muy exiguo". También subrayó la reducción del gasto en materia de incapacidad temporal que ha sido más de 250 millones superior a lo presupuestado.

PRESUPUESTO AUSTERO PARA 2011

En cuanto al presupuesto para el próximo ejercicio, Granado destacó que "continúan la línea de austeridad", con un incremento de los gastos del 1,92%, lo que permitirá que el superávit previsto sea de 4.579 millones de euros.

Este moderado crecimiento del gasto se debe a que el aumento del 3,95% de las pensiones contributivas se compensa en parte por el descenso en el resto de partidas.

Así, mientras que el gasto en pensiones aumenta en 3.769,2 millones de euros, la partida de incapacidad temporal se reduce en 364,3 millones (4,94%); la de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia en 295,7 millones (11,02%); las prestaciones familiares en 98,1 millones (8,93%); las inversiones reales en 87 millones (16,93%); las gestiones transferidas a las comunidades autónomas en 54,4 millones (26,32%); el gasto en farmacio en 26,5 millones (31,91%); y el resto de prestaciones y transferencias en 208,2 millones (7,44%).

En cuanto a los ingresos, el presupuesto refleja un incremento del 3,3%, es decir, 3.941,7 millones más que en 2010. Este aumento se debe a la mejora en las cotizaciones sociales del 2,86%, que se traduce en 3.070,5 millones de euros más, que supera la caída de 202,5 millones (-2,43%) en las aportaciones del Estado y a la que se suma un incremento del resto de ingresos no financieros de 1.073,7 millones de euros, un 28,71% más.

Granado explicó que la mejora en los ingresos por cotizaciones sociales se debe a un incremento previsto del 0,4% en el número de afiliados y a un aumento del 2,3% en las bases de cotización.

Asimismo, la Seguridad Social espera un mayor retorno por parte de los aplazamientos otorgados a las empresas durante los últimos años.

En cuanto al descenso en las aportaciones del Estado, Granado explicó que las aportaciones a los complementos a mínimos aumentarán en unos 100 millones de euros. Sin embargo, esta partida se ha visto afectada por la desaparición de la deducción de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento que, en el caso del País Vasco y de Navarra, y en el de las personas sin relación con la Agencia Tributaria, se gestionaban a través de la Seguridad Social y luego era compensado por el Estado.

Lo mismo ocurre con algunos servicios transferidos a las comunidades autónomas, que antes el Estado pagaba a la Seguridad Social y ésta a los gobiernos regionales, y ahora se hará directamente.