De acuerdo con la interpretación de la ANLL, la sentencia del TC estableció que el catalán no puede ser lengua “preferente” sobre el castellano en la acción de las administraciones públicas, y eso incluiría a la Agencia Catalana de Juventud, dependiente de la Secretaría de Juventud de la Generalitat.

En un comunicado, esta asociación denuncia "la insumisión del Gobierno de Montilla y su total desprecio por el funcionamiento del Estado de derecho", visible a su juicio en decisiones posteriores a la sentencia del TC como la Ley de Acogida de Inmigrantes, el Código de Consumo, el decreto que impone el catalán a los profesores universitarios o las subvenciones a la primacía del catalán sobre el castellano.

Para la ANLL, "todas estas acciones de la Generalitat están fuera de los límites que marca la Constitución" y "la vulneración consciente de la sentencia del Tribunal Constitucional podría suponer un presunto fraude de ley". Por ello, exige a la Fiscalía General del Estado que "actúe e investigue, hasta las últimas consecuencias, la responsabilidad política y legal que pudiese recaer sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla".