El estudio, de la firma PriceWaterhouseCoopers, revela las deficiencias de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en España y apuesta por "establecer las tarifas de las plazas concertadas por la Administración por nivel de dependencia según el coste real de los servicios para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas".

Los autores del informe también destacan que a medida que avanza el calendario de implantación de la llamada Ley de Dependencia, se observa cómo el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidado familiar, una figura que la norma prevé como excepcional y que representa, sin embargo, casi la mitad de las prestaciones.

El trabajo observa, igualmente, una aplicación dispar de la norma de la dependencia por comunidades y señala que existen "unos territorios más favorecidos que otros sin seguir criterios coherentes y unificados, ni por población, ni por grado de dependencia, ni por tipo de prestación asignada".

Por último, el informe apunta que los servicios profesionales de atención a la dependencia "son un gran generador de empleo estable y no deslocalizable" y por eso recomienda que se prioricen según nivel de dependencia frente a cuidados familiares, "que no generan empleo ni retorno económico".