Cava compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del informe de 2009.

La evolución de las quejas en este ámbito, explicó, obligan a reflexionar sobre el cumplimiento de la obligación constitucional de acceso a esas prestaciones en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio español.

"Sigue sin poder conseguirse por completo el objetivo de la universalidad de las prestaciones sanitarias cuando han transcurrido ya 23 años desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en la que se fijaba ese objetivo, aunque es preciso reconocer el alto grado de desarrollo y de complejidad del sistema sanitario", alertó.

Además, aseguró que los ciudadanos perciben "un evidente deterioro de la sanidad pública junto con la inclinación, más que notoria, de ciertas administraciones sanitarias, a la externalización de servicios, justificada a menudo por una búsqueda de la eficacia propia del mundo empresarial privado y por la pretendida modernización de los recursos disponibles, sobre todo los de carácter tecnológico".

Sin embargo, añadió, las quejas tramitadas demuestran que buena parte de esos problemas "no se han resuelto y a veces ni tan siquiera paliado con la externalización mencionada".

A modo de "botones de muestra", expuso los ejemplos de tres años y medio de espera para unas pruebas de alergia medicamentosa en el hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, en Madrid, o año y medio para un electromiograma en el Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

La Defensora del Pueblo subrayó también la "alarma" que sigue generando la situación de la administración de justicia, sobre todo por las "dilaciones indebidas", por lo que reclamó actualizar los procedimientos de instrucción y una nueva norma de procedimiento criminal, y más medios materiales y humanos.

Alertó también sobre la situación del Registro Civil, y sobre el incremento de la población reclusa a pesar del descenso de la criminalidad.

En este punto, otorgó crédito a la interpretación de que la política penitenciaria se desarrolla en España a base de "modificaciones reactivas del Código Penal" y no utilizando adecuadamente los recursos preventivos, "mucho menos costosos y quizá más eficaces".