El Grupo Parlamentario Catalán justifica esta propuesta en que la inversión socialmente responsable es un factor de estímulo al comportamiento sostenible y responsable de las empresas, según se pone de relieve en la enmienda a la Ley de Economía Sostenible a la que ha tenido acceso Servimedia.

Esta propuesta, que se rige por el principio de cumplir o explicar, no obliga a la introducción de ningún tipo de criterio en las políticas de inversión de los planes y fondos de pensiones, pero sí obliga a manifestarse sobre los criterios no financieros de inversión.

Además, en la enmienda se promueve el activismo accionarial al afirmar que las comisiones de control deberán “ejercer, en beneficio exclusivo de los participes” el derecho de participación y voto en las juntas generales de accionistas.

En el informe de gestión anual de los fondos de pensiones deberá dejar constancia de la política de la comisión de control con relación al ejercicio de los derechos políticos del fondo.

En este documento también deberá recoger la política ejercida en relación con los criterios de inversión socialmente responsable, así como del procedimiento seguido para su implantación, gestión y seguimiento.

Respecto a la transparencia en la información de las empresas en materia de responsabilidad social se afirma que con el fin de “homogeneizar” y “hacerla comparable, todas aquellas empresas que coticen en el mercado continuo” tendrán que facilitar información adicional no financiera y de gobierno corporativo sobre indicadores clave acerca de sus impactos sociales y medioambientales.

Será la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien supervise el cumplimiento de estas obligaciones derivadas de la presentación de la información y la fiabilidad de los datos que presenten las compañías.