La propuesta del Cermi plantea crear una fundación pública estatal, dirigida por los ministerios del Interior y de Sanidad y Política Social, en la que "el sector social de la discapacidad esté también representado e implicado directamente".

Según indica el Cermi, el modelo propuesto "permitiría gestionar de forma eficiente los recursos económicos", mediante "una figura jurídica que combine la carencia de fin de lucro con la transparencia y agilidad necesarias".

Asimismo, daría cabida a la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, "que pueden aportar una experiencia clave en la gestión y desarrollo de programas".

En su opinión, la fundación debería tener como fin único la gestión de los recursos provenientes de las sanciones para ayudar a las víctimas.

En este sentido, habría de financiar programas e iniciativas dirigidas a la rehabilitación personal y social de las víctimas, a maximizar su autonomía personal, a promover la existencia de entornos accesibles (viviendas, transportes), a su defensa jurídica, económica y patrimonial y a establecer medios de apoyo, orientación y asesoramiento.

Finalmente, "sea éste u otro el modelo elegido", el Cermi considera que "deberá tomar un papel activo tanto en la gestión de programas como en la defensa de las personas con discapacidad y sus familias".