Así lo recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 aprobada por el Ejecutivo y que deberán recibir también el visto bueno del Parlamento.

El incremento de las pensiones mínimas, que cobran algo más de 2,5 millones de personas, contrasta con la congelación del resto de prestaciones que el Ejecutivo anunció dentro del plan de recorte del gasto público.