Según dijo, el Ministerio de Vivienda "no sabe de dónde recortar gastos" y criticó que, además de suprimir y reducir ayudas del Plan de Vivienda para la Comunidad Valenciana por importe de 250 millones de euros, ahora quiere que unos 1.200 jóvenes de la región que recibieron una ayuda para pagar su alquiler la devuelvan.

Para el Gobierno central, subrayó, "no es suficiente con incumplir los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas, sino que también se dedica a hostigar al ciudadano”.

La Consejera de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha presentado las alegaciones al borrador del Real Decreto por el que se modifica la actual normativa de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes.

En el documento remitido al Ministerio, se alega que la Comunidad no puede asumir la obligación de tramitar y resolver el procedimiento de reintegro, sino que sólo actúa como mera notificadora de la resolución. Además, la Generalitat considera que el procedimiento de reintegro incurre en una complejidad administrativa que no tiene razón de ser, al convertir a las ventanillas únicas en un inspector fiscal con una asunción de competencias que, de ninguna forma, debería producirse.

En todo caso, el Consell considera que debería ser la propia Agencia Tributaria quien cree un servicio para recaudar los supuestos fondos indebidamente percibidos ya que, finalmente, dichos fondos irán a engrosar las arcas estatales y éste es el organismo que dispone de los recursos para realizar esta función.