Galindo hizo estas declaraciones en rueda de prensa, acompañado por el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Productos de la Construcción (Cepco), Rafael Fernández.

Según Galindo, los promotores han constatado un incremento de las ventas en el segundo semestre del año como consecuencia del "efecto llamada" ante la finalización de las ayudas de desgravación fiscal.

Así, mientras en el primer semestre del año se vendieron de media 34.000 viviendas al mes, entre nuevas y de segunda mano, en el segundo semestre se están vendiendo 50.000.

En este sentido, Galindo recomendó a todas aquellas personas que cuenten en estos momentos con acceso al crédito hipotecario que aprovechen la ocasión para comprar, puesto que a partir de 2011 la eliminación de las ayudas tendrá efectos "terribles" y lleverá a una caída de las transacciones.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA

Galindo se refirió también al real decreto por el que el Gobierno pretende modificar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) y que suprime la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) de compra de viviendas.

Según explicó, la eliminación de la AEDE supone un aumento del ahorro previo para acceder a una vivienda, por lo que dejaría a las familias que más ayudas necesitan fuera del mercado.

Así, el ahorro previo necesario para adquirir una vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general ascendería a los 46.000 euros, frente a los cerca de 36.000 euros en la actualidad.

Si se considera la posibilidad de elevar el ratio de préstamo por el valor de la hipoteca hasta el 90% (+10%), el ahorro previo necesario para comprar una VPO se reduciría hasta los 29.689 euros, elevando dos puntos porcentuales el índice de esfuerzo financiero.

A este respecto, Galindo sugirió que habría que habilitar una línea de crédito ICO de aseguramiento sobre el 10% de incremento de préstamo convenido, ya que es "absolutamente imposible que las entidades financieras se apunten a este incremento".

En el caso de la vivienda protegida, el coste total en términos de recaudación directa e inducida de no producir una vivienda sería de 59.373 euros, mientras que el ahorro para las arcas públicas sería de 10.200 euros, según las estimaciones de la patronal.

Por otro lado, la CNC denunció también que la modificación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación incluye la reducción de las subvenciones al alquiler y la supresión de las subvenciones para la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida.

A su juicio, esta modificación discrimina, además, a los promotores de VPO frente a las cooperativas, e introduce nuevos tipos de interés que paralizarán la formación de préstamos hasta enero de 2011, haciendo que las entidades financieras prefieran aplicar un diferencial mayor en las operaciones.