Dicha coalición ha presentado un escrito, que han firmado 22 inversores institucionales con activos financieros que totalizan 240.000 millones de dólares, con el fin de que se apruebe normativa aplicable en todo el país para el cierre de los depósitos donde se almacenan dichas cenizas, así como medidas para restaurar los terrenos en los que se encontraban.

También exigiría a las empresas que generan estos residuos la contratación de seguros para cubrir los daños causados por vertidos relacionados con ellos, lo que reduciría el riesgo de las inversiones en dichas compañías.

EPA ya presentó una propuesta en la que se daba a las cenizas de carbón la consideración de residuo peligroso, lo que hubierá permitido la aprobación de normativa que dicha agencia podría aplicar en todo el país.

Sin embargo, el Ejecutivo estadounidense introdujo una enmienda por la que se consideraba residuo no peligroso, tal como pedían las empresas mineras y las centrales termoeléctricas de carbón, lo que supondría que la regulación de dichas cenizas dependería de cada estado y de la jurisprudencia generada por las demandas en caso de siniestro.