En todo caso, señaló que no se fijarán unos servicios mínimos “abusivos” como ya han afirmado desde las organizaciones sindicales.

“Tenemos la obligación de respetar el derecho a la huelga pero también garantizar los servicios mínimos esenciales para los ciudadanos”, dijo, y añadió que entiende la huelga por las medidas que está adoptando el Gobierno central pero consideró que “no es la solución”.

La consejera no se atrevió a cifrar el seguimiento de la protesta en la Administración regional, pero subrayó que la experiencia de la huelga del sector público en el mes de junio arrojó un porcentaje de seguimiento cercano al 5%.