"Salvedad no significa irregularidad", puntualizó al senador de CiU Joan Maria Roig i Grau, que le preguntó cómo justifica el Gobierno que el 30% de las empresas públicas dependientes de la Administración General del Estado hayan registrado irregularidades en sus cuentas correspondientes a 2008, según informes de la Intervención General del Estado.

Según expuso la ministra de Economía, "en la web del ministerio se proporciona información estadística sobre las auditorías de cuentas a las empresas estatales, pero desde luego esa información no permite deducir absolutamente ninguna irregularidad".

"Los datos dicen que en ninguna de las entidades analizadas se han emitido auditorías desfavorables", esto es, "en ninguno de los casos se han encontrado cicunstancias que afecten a las cuentas de manera tal que se considere que no reflejan la realidad de la situación financiera de la gestión desarrollada", indicó Salgado.

Por ello, "no es correcto hablar de que estas empresas hayan presentado irregularidades", insitió.

Salgado puntualizó, además, que el dictamen es favorable para el 95,6% de las entidades estudiadas y confió en que los resultados mejoren cada año.