Según informaron a Servimedia fuentes del Senado, así lo acordó esta mañana la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, a petición del senador del PP Pío García-Escudero, en una reunión que apenas duró 20 minutos. La reunión de la Comisión de Nombramientos fue inicialmente convocada para el 7 de septiembre, pero resultó pospuesta primero al día 14, luego al 22 y, ahora, al próximo martes 28 por la tarde.

Ni el PP ni el PSOE quisieron entrar en detalles del motivo del nuevo aplazamiento de la cita. Fuentes del Grupo Popular aseguraron a esta agencia que la situación no ha cambiado respecto a las últimas semanas, y que la falta de nombres de consenso para reemplazar a los magistrados cuyo mandato ha caducado aconsejaban esta nueva demora. Desde el Grupo Socialista tampoco quisieron interpretar la intención del PP.

En dicha comisión, los grupos parlamentarios debían elegir a cuatro de los veinte magistrados que han propuesto los parlamentos autonómicos, de acuerdo con la reforma de la Ley del TC impulsada por el Gobierno en 2008, para su posterior votación en Pleno. Debido a la necesidad de una mayoría de tres quintos y al consiguiente consenso entre el Grupo Socialista y el Popular, no estaba nada claro que la reunión fuera a saldarse con éxito.

La renovación de los cuatro miembros del TC cuyo nombramiento corresponde al Senado se encuentra estancada desde que las comunidades autónomas gobernadas por el PP propusieran todas ellas los dos mismos nombres, el del ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y el del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. El PSOE denunció esto como un fraude de ley, al entender que el objeto de la reforma de la ley del TC promovida por el Gobierno era abrir la composición del Alto Tribunal a la pluralidad de las comunidades autónomas.

El pasado 1 de junio, la Mesa del Senado rechazó la candidatura de López debido a que éste que no cumplía el requisito de llevar 15 años en la profesión que se exige para llegar a ser vocal del Constitucional, y el 6 de julio desestimó también el recurso en el que el magistrado alegaba que debían computarle también los años en que fue portavoz del CGPJ. La Mesa entendió que dicho desempeño "no es asimilable en modo alguno a la situación de servicio activo". Desde entonces, el PP insiste en mantener la candidatura de López, y el PSOE exige que la retire.