Grande-Marlaska, a través de un auto hecho público este lunes pero fechado el pasado 10 de agosto, señala que el careo entre Sintes y el actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es innecesario para esclarecer los hechos y añade que supondría realizar un juicio previo y llevar a cabo “una causa general”.

El careo entre Sintes y Sanz Roldán había sido solicitado por los familiares de dos de las víctimas del accidente, representadas por la abogada María Ángeles López. Uno de los objetivos de este careo era esclarecer si el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, llegó a recibir antes del accidente los informes que recogían las quejas sobre las deficiencias de los aviones que se utilizaban para el transporte de las tropas.

La parte procesal representada por la abogada López también había solicitado la declaración 46 personas, entre ellas 22 militares, unas diligencias que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional también ha rechazado por “impertinentes”. “No puede convertirse la instrucción en la celebración de un hipotético juicio oral”, reitera el juez.

CADENA DE CONTRATOS

La única nueva diligencia de prueba acordada por Grande-Marlaska tiene por objetivo esclarecer cómo se pago el Yak-42 y aclarar la cadena de contratos que llevó al alquiler del aparato. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Defensa que le remita los diferentes contratos que llevaron al alquiler tanto del Yak-42 como de un total de 44 vuelos anteriores en los que también se utilizaron aviones de la ex Unión Soviética.

Además de al departamento dirigido por Carme Chacón, Grande-Marlaska ha solicitado estos contratos a Namsa, la agencia de la OTAN que subcontrató para España el Yak-42, y a la empresa Chapman Freeborn, que actuó como contratista, según han explicado fuentes de las acusaciones.

Estas nuevas pruebas habían sido solicitadas tanto por la acusación representada por la abogada María Ángeles López como por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty).

En esta causa se encuentran imputados cinco responsables de la cúpula militar de 2003, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

El magistrado les acusa de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del Yak-42. Dentro de la División de Operaciones del Emacon, el magistrado también imputó en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, al coronel Joaquín Yáñez y al comandante Alfonso Elías Lorenzo.