La norma incluye otras medidas para paliar los efectos de la morosidad en dichos sectores, y fue aprobada por el Pleno de la Cámara Baja como Proposición no de Ley y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aún no ha cumplido.

En la exposición de motivos de la proposición de ley se indica que las causas más graves que impiden que las empresas españolas puedan obtener la liquidez necesaria para seguir funcionando son el aumento de la morosidad y la dificultad de acceso a la financiación externa.

Se cita un estudio de las Cámaras de Comercio que refleja que el 84,5 por ciento de las Pymes que se han dirigido a entidades financieras han tenido problemas para acceder a la financiación. Además, se calcula en 30.000 millones el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas con empresarios y autónomos.

Para solucionar estos problemas, el PP propone, entre otras medidas, la denominada "cuenta tributaria" para compensar deudas, y se amplia el concepto de empresa de reducida dimensión, además de instrumentarse una nueva línea de crédito ICO-morosidad Entes Locales ya prevista en la normativa vigente.