La consideración como servicio universal de la banda ancha a Internet llevaría aparejadas obligaciones legales para los operadores, aumentando las garantías de los usuarios que tendrían asegurado el acceso al servicio, independientemente de su localización geográfica, en condiciones de calidad garantizada y a un precio asequible, asegura el Cermi en un comunicado.

Este organismo asegura que "muchas personas con discapacidad vencen las barreras de comunicación y acceso que genera el entorno por medio del uso de Internet de banda ancha".

Por este motivo, según el Cermi, “para que sus derechos queden resguardados es necesario que estos servicios pasen a tener la categoría de servicio universal”.

El Comité de la discapacidad respalda “plenamente” la intención del MITYC de modificar la legislación española para dar esta consideración a la banda y ancha, una vez se revise el marco europeo, y pedirá que quede garantizada la posición de las personas con discapacidad.