Según el dictamen aprobado por el Pleno del CES este miércoles, "sería necesario" que el citado Anteproyecto de Ley de Salud Pública "incluyera, con carácter transversal, previsiones relativas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que precisan de un trato específico atendiendo a su situación en cada caso, y según su tipo y grado de discapacidad".

Por otra parte, el dictamen sostiene que el texto "necesita una redacción menos confusa", ya que la actual "puede producir inseguridad jurídica".

Al mismo tiempo, llama la atención sobre la necesidad de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones para conseguir una mayor eficacia de la norma.

"La ley", subraya el texto aprobado por el CES, "debería contribuir a una mejor articulación y definición de funciones de todas las instancias y organismos implicados".

Así, prosigue, tendría que definir con claridad el común denominador de todas las actuaciones en materia de salud pública, "lo que no siempre queda claro en el texto objeto de dictamen".

"Cada vez es más frecuente", dice, "la aparición de riesgos y amenazas para la salud que traspasan los límites locales y las fronteras nacionales, lo que hace imprescindible la toma de medidas coordinadas para resolver eficazmente las situaciones de riesgo".

Por otro lado, el CES considera que el anteproyecto debería contribuir a reforzar la sostenibilidad económica del Sistema, un aspecto que, a su parecer, "no ha sido suficientemente contemplado en la memoria del análisis del impacto normativo, de la misma manera que no considera la necesaria financiación que llevará aparejada la aplicación de la norma".

Finalmente, el Consejo Económico y Social opina que antes de remitir el texto al CES, el Ejecutivo debería haber consultado a los diferentes agentes y sectores representativos de interés en este ámbito.