Durante la presentación de la segunda parte de su informe sobre dichos centros “Si vuelvo, ¡me mato!, Amnistía denuncia que nueve meses después las irregularidades registradas como sedaciones habituales, retenciones en habitaciones de aislamiento, castigos físicos o incluso sujeciones mediante ataduras a la cama se suceden, pues “seguimos recibiendo denuncias”.

“El sistema que propicia esta situación permanece intacto”, subrayó Beltrán, quien criticó que las administraciones no “han movido un músculo para resolverlo”.

En su opinión, el Estado “se excusa” en que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas, y éstas, a su vez, delegan la responsabilidad en cientos de centros gestionados por ONG y entidades privadas, que funcionan de forma autónoma.

Todo ello provoca que el gobierno español incumpla “su deber constitucional de garantizar la igualdad a todos sus ciudadanos y el respeto de los derechos humanos“, subrayó.

Además, Beltrán destacó que no “existe una definición clara de lo que son los centros terapéuticos” ni de “los menores con desórdenes de conducta” que en ellos se internan, ni mucho menos “datos actualizados” de su número y distribución.

Muchos de estos niños proceden de familias desestructuradas, de instituciones públicas y de hogares cuyos padres han pedido ayuda, “pero no han cometido ningún delito”, recalcó.

Este hecho tiene una gran importancia, pues “en bastantes casos el internamiento se produce sin conocimiento judicial”, amén de que tal consentimiento tampoco se exige para la aprobación de “los castigos físicos, sedaciones y retenciones” que según este informe se infligen a los menores.

La situación es tan grave en relación a un régimen excepcional y arbitrario que exige una ley estatal”, reclamó el director de AI, quien pidió a España que se comprometa ante el comité de Naciones Unidas a adoptar esta normativa.

Debe ser una norma estatal”, reiteró, que se base en la definición de tortura de la ONU (según la cual la aquiescencia del estado también se considera delito), y estar sujeta a un seguimiento, puntualizó Beltrán.

NUEVE MESES DESPUÉS

"Si vuelvo, ¡me mato! II" realiza un seguimiento de los centros analizados en la primera parte del trabajo hace nueve meses en Andalucía, Madrid y Cataluña, que reúnen el 55% del total de estos menores.

Para la responsable de política interior de Amnistía, Virginia Álvarez, este trabajo podría resumirse como “nueve meses de oportunidades perdidas para los derechos humanos de los menores”, ya que “apenas ha habido avances”.

Las autoridades “han mostrado una actitud defensiva” y en ocasiones su mayor respuesta ha consistido en “desacreditar a Amnistía”, lamentó.

Álvarez se refirió, asimismo, al informe del Defensor del Pueblo, que también recoge denuncias por malos tratos en estas instituciones, y a los casos de denuncias en el centro terapéutico de Galapagar (Madrid).

En la rueda de prensa, su abogado habló de “duchas frías por no comerse la cena”, niños que visitaban al psiquiatra dos veces al año, ataduras en la cama, habitaciones de aislamiento y golpes y castigos físicos.

Por ejemplo, se ha constatado que aunque la legislación andaluza exige el consentimiento judicial en los internamientos “hay casos en que no se produce”, apuntó Álvarez, y criticó que las normativas madrileña y catalana (recién aprobada esta última) permiten los aislamientos.

Álvarez se refirió, por último al Protocolo de buenas prácticas aprobado por el ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en mayo, “que sorprendentemente nos ha llegado hoy”.

A su juicio, dicha normativa autoriza el ingreso sin ningún diagnóstico psiquiátrico (cuando a muchos de estos menores se les administra psicofármacos), y el aislamiento, lo que contradice la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura.

La directora se felicitó en cambio por que sí impide la contención química y mecánica, esto es, prácticas habituales como las sedaciones indiscriminadas y la sujeción mediante ataduras a la cama, aunque en cualquier caso se trata de “una recomendación de buenas prácticas, que no tiene ningún poder vinculante”, lamentó.