En concreto, el texto insta a estudiar las asimetrías entre las partes y los desequilibrios entre los agentes de la cadena de distrubición y su impacto en el mercado y en los consumidores. Esta iniciativa pretende también determinar cuales son las principales distribuidoras, así como los fabricantes y proveedores para informarles de la posible regulación de los contratos de distribución.

Como colofón, la proposición contempla impulsar la elaboración de "códigos de buenas prácticas entre los agentes de las diferentes cadenas de valor que persigan el equilibrio de las relaciones comerciales y la búsqueda permanente de la eficiencia y la mejora de la competitividad en su conjunto".

En su exposición de motivos, ERC recuerda que la mayor parte de los consumidores compra sus alimentos y productos en una extensa red de puntos de venta que pertenecen a unas pocas empresas transnacionales.

Existen, por tanto, muy pocas puertas de acceso del productor al consumidor final. La gran distribución se comporta en la práctica como un mercado oligopolístico, donde la rivalidad es muy intensa y empuja a las empresas a realizar grandes ofertas para atraer al consumidor.

Los competidores se ven obligados a ponerse a la altura de estas ofertas, lo que provoca una bajada del precio del producto. Por ello se produce un aumento considerable del poder de negociación de estas cadenas comerciales porque son pocas y existen muchos proveedores.

Conforme aumenta la concentración de los grupos de distribución, se incrementa la competencia entre proveedores, de manera que el poder de negociación de los agricultores y pequeños proveedores es casi exiguo.

En este sentido, el sindicato agrario Unió de Pagesos ha denunciado que los abusos de las distribuidoras han comportado que la renta agraria haya disminuido un 43% desde 2001 hasta la actualidad.

Esta situación ya ha sido tratada por el Parlamento Europeo, que el pasado mes de febrero de 2008 aprobó una declaración escrita por la que instaba a la Dirección General de la Competencia y a los Gobiernos de los países miembros, a la investigación y subsanación del abuso de poder por parte de las grandes superficies; a evaluar su impacto en el mercado y en los consumidores; y a proponer medidas de carácter regulador.

En el Reino Unido existe un precedente de implantación de un Código de Buenas Prácticas de Aprovisionamiento para garantizar "que sus proveedores tuvieran la certeza razonable sobre el precio que iban a recibir cuando aceptan sus pedidos, que no se les exigiera modificar los términos que habían pactado sin aviso razonable y no tuvieran que enfrentarse a exigencias o condiciones no razonables o discriminatorias".