La directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez, se reunió hoy con las familias afectadas para trasladarles la intención de que sea el Gobierno regional el que concierte las plazas con el citado centro especial para personas con discapacidad y velar de esta forma por los intereses de las familias afectadas.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, a través de la citada dirección que dirige Pérez, ha trabajado en este asunto desde que fuentes externas al Ayuntamiento de Alcorcón advirtieron a este departamento de la posibilidad de la rescisión del contrato por parte del Consistorio al iniciar el curso escolar.

“Ante la dejadez de funciones del Ayuntamiento de Alcorcón con las familias de estos muchachos, hemos considerado –destacó Pérez- que lo mejor para sus hijos es continuar en el centro en el que están, cerca de su entorno familiar, donde los profesionales conocen sus necesidades, y por eso les hemos propuesto asumir desde la Consejería los costes de las plazas que ocupan en el centro”. Si existe algún tipo de problemas en la futura concertación de estas plazas, la Comunidad ofrecerá a las familias la posibilidad de que los usuarios puedan ser atendidos en alguna de las más de 17.000 plazas con las que cuenta la red de atención para personas con discapacidad en la región.

El Gobierno regional destina anualmente en el municipio de Alcorcón 2,6 millones de euros sólo en materia de discapacidad. En ese sentido, mantiene una red compuesta por un Centro ocupacional (103 plazas) más 30 de centro de día, 18 plazas de piso tutelado, más 130 de enfermos mentales y 105 plazas de atención temprana.