Así lo expresó la secretaria de Bienestar Social del Partido Socialista, Marisol Pérez. quien considera que "con esta medida el Gobierno vuelve a demostrar su enorme sensibilidad dando respuesta a una de las principales peticiones que vienen haciendo desde hace tiempo las asociaciones y colectivos relacionados con la dependencia".

Pérez recordó que el objetivo de este cambio en la norma es conseguir una mayor "rapidez y agilidad" en la resolución de las reclamaciones y procedimientos iniciados por vulneración de derechos que otorga la Ley de Dependencia, ya que "el orden jurisdiccional de lo social es más ágil y resuelve en menos tiempo".

En este sentido, subrayó que los principales culpables de que los beneficiarios de la Ley de Dependencia no puedan disfrutar de este derecho son algunos responsables autonómicos "que no gestionan adecuadamente la norma y mantienen los expedientes en un limbo administrativo".