Según dijo, la ampliación del gasto destinado a la Renta Mínima de Inserción está relacionada con el incremento progresivo de la demanda de esta prestación a lo largo del año.

González apuntó que el número de familias perceptoras de esta prestación prevista para diciembre es de 14.050, lo que equivale a facilitar apoyo a unas 40.000 personas.

Hace sólo un año, 10.329 familias recibían esta ayuda, dijo González, quien afirmó que esta prestación cubre las necesidades básicas de los ciudadanos cuando éstos no puedan obtener otros ingresos por medio del trabajo, pensiones o ingresos derivados de la protección social.

Tras expresar su "total respaldo" a estas personas, dijo que el objetivo de esta prestación no es conceder a los perceptores de la misma un subsidio indefinido, sino permitir a las familias un sustento puntual en un momento de dificultad y trabajar con ellas para motivarlas a encontrar trabajo y a salir del bache.

Aseguró que la Renta Mínima de Inserción no sólo crece desde el punto de vista del número de perceptores sino que, además, lo hace en términos de cuantías.

Entre enero y junio de 2010, la prestación mensual básica ha ascendido a 370 euros y del mes de julio en adelante, ésta supera los 375,5 euros, lo que implica una subida del 1,5%.

Respecto a los requisitos exigidos para la percepción de esta ayuda, la RMI, hay que tener residencia legal en la Comunidad, ser mayor de 25 años y menor de 65, carecer de recursos económicos suficientes (ingresos inferiores a la pensión no contributiva de la Seguridad Social y un patrimonio menor a los 22.000 euros, sin contabilizar la vivienda de residencia) y no cobrar otro tipo de prestaciones o pensiones procedentes de otros organismos.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, González subrayó que casi el 70% de los titulares está en situación de desempleo.

El demandante medio se caracteriza por una mayoría de mujeres –representando el 68,5% de los perceptores–, con una edad media de 43 años y familias con menores a su cargo, que suponen el 44% de los beneficiarios.

Respecto al tiempo de permanencia en esta prestación, los datos apuntan a una tremenda diversidad de situaciones de los beneficiarios.

Más del 30% de ellos permanece menos de dos años como titular de este derecho, lo que en definitiva supone que existen notables posibilidades de integración social.