El Gobierno ha logrado así que no se incorporasen las tres enmiendas más discutidas introducidas por el PNV en la Cámara Alta, incluída la que endurecía los requisitos para que un trabajador temporal que encadene contratos en la misma empresa pase a ser fijo.

También fue rechazada la enmienda del grupo nacionalista vasco que se refería a la lucha contra el absentismo laboral. Esta modificación buscaba eliminar el requisito de que el despido de los trabajadores que falten más del 20% de los días laborables en dos meses, o el 25% en cuatro meses, sólo esté justificado si la media de la plantilla no supera el 2,5%.

También quedó rechazada la enmienda del PNV sobre la representatividad sindical en las empresas y la movilidad geográfica.

Tampoco recibió el apoyo suficiente la propuesta de CiU de introducir un polémico punto y coma en las causas que justifican un despido y que, según el PSOE, facilitaba el cese del trabajador.

Sí fue aprobada la enmienda presentada por el BNG que supone que, para las personas que estén en una situación de desempleo parcial, el consumo de las prestaciones se calcule en horas, y no en días, para beneficiar al parado.

También recibieron luz verde el resto de enmiendas del Senado que contaron con el apoyo del PSOE, como la que reduce de 100 a 30 días el periodo en el que una persona que se queda en paro está exenta de la obligación de acudir a cursos de formación.

REFORMA EQUILIBRADA

En su intervención en el Pleno del Congreso, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió que la reforma es "equilibrada", a pesar de que "en su origen no fuera posible un acuerdo con los interlocutores sociales".

Asimismo, subrayó el momento en el que se aprueba la reforma ya que es "en el inicio de la recuperación económica, reforzando las bases para la consolidación de una economía sostenible en un escenario de post crisis".

También destacó que la reforma es "una iniciativa ambiciosa y de gran calado", y que tiene "un carácter global y sustancial" pero "respetando las señas de identidad de nuestro modelo de relaciones laborales".

CRÍTICAS

Sin embargo, el ministro, acompañado en los bancos del Congreso por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de otros ministros como la de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tuvo que escuchar las críticas unánimes del resto de grupos parlamentarios.

El diputado del PP Ignacio Echániz, a pesar de que deseo "suerte" al Gobierno con la reforma, aseguró que "esta ley termina como comenzó, en la más absoluta soledad", ya que el Gobierno no ha contado con el respaldo ni de los agentes sociales, ni de los expertos y las instituciones económicas y sociales, ni de los grupos políticos.

Así, denunció que "por primera vez en la historia, una modificación de las relaciones laborales se hace de forma unilateral".

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano CiU Campuzano lamentó que la reforma es "una oportunidad perdida", ya que, aunque "se ha avanzado en algunas consideraciones", las medidas "no van a introducir la claridad que las empresas, y especialmente las pymes, exigían".

Por esta razón, considera que la reforma no va a lograr "un mercado de trabajo más eficiente para las empresas ni más justo para los trabajadores".

Desde el PNV, Emilio Olabarría criticó que el paquete de medidas "es hijo de un fracaso del diálogo social" y añadió que "no ha gustado a nadie, ni a los sindicatos, ni a los empresarios, ni a ningún grupo, sin excepción", es decir, incluido el PSOE. El parlamentario vasco incluso puso en duda "si gusta a todo el Gobierno".

El resto de partidos mostraron también su rechazo a la reforma, y la criticaron porque “no es el revulsivo que se necesita para salir del tunel” y porque “no mejorará la competitividad como debiera”.

Además, las medidas fueron calificadas como “la peor reforma de todos los tiempos de la democracia” en la “legislatura más antisocial de las últimas décadas”.