Las entidades hicieron público un comunicado en el que consideran que el desalojo forzoso de cientos de asentamientos de familias gitanas procedentes de Rumania y Bulgaria “suponen un claro ejemplo de discriminación racial”.

En el escrito también hacen hincapié en que Francia no es el único país de la Unión Europea que ha deportado inmigrantes de origen gitano y señalaron a Italia, Suecia, Dinamarca y Alemania como responsables de estas deportaciones que consideraran que se realizan “sin atender y revisar una a una las situaciones individuales”.

No obstante, aclararon que comparten que cualquier persona que cometa un delito deba hacer frente a las consecuencias pero manifiestan que las declaraciones del Ejecutivo galo han reforzado “los prejuicios y opiniones discriminatorias que ya existían” contra esta minoría.

Además, afirman que Francia incumple la Directiva europea sobre igualdad racial “al utilizar un discurso abiertamente discriminatorio contra una minoría étnica, asociando familias gitanas con crimen, tráfico de personas o mendicidad de manera global, y tomando medidas colectivas basadas en el origen étnico de las personas”.

Por ello, piden a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembro “una reacción contundente contra el discurso inflexible y racista del Gobierno de Francia y las medidas puestas en marcha contra la población gitana”, así como un impulso claro de las políticas de inclusión social.

Por último, solicitan al Gobierno español “máxima firmeza” y que condene “el trato que la población gitana está recibiendo en Francia”.