El regulador publicó este lunes su segundo Informe Anual sobre las Ayudas Públicas concedidas en España.

En él, Competencia dedica un capítulo completo al estudio de los llamados "Planes Renove" para determinados bienes de consumo, en particular los programas de ayuda a la compra de automóviles del Plan 2000E.

Partiendo de la base de que este tipo de ayudas no suele ser objeto de atención especial por parte de la Comisión Europea, el regulador destaca que "su diseño suele presentar determinados elementos comunes que pueden resultar problemáticos desde el punto de vista de la competencia efectiva".

VENTAS Y PRECIOS

Según datos de la CNC, tras la entrada en vigor del Plan 2000E, las ventas de automóviles crecieron en un 12% y los precios de venta disminuyeron en aproximadamente un 5%.

El informe subraya que el diseño del programa "ha sido deficiente en la medida en que no ha incluido los elementos necesarios para precisar y controlar el cumplimiento de la condición del descuento de precio por fabricantes o importadores".

En particular, el hecho de que en el Real Decreto de entrada en vigor del Plan 2000E no se haya establecido a que período de tiempo debe corresponder el precio de referencia para aplicar dicho descuento, "puede haber permitido a los fabricantes/importadores incrementar el precio en la cuantía del descuento".

Igualmente, el hecho de que las ayudas por parte de varias comunidades autónomas estén condicionadas a la residencia del comprador en dicha comunidad "supone una reducción de la competencia y una fragmentación del mercado que permitiría a los vendedores aumentar los precios en una cuantía superior que si esta restricción no estuviera presente".

DISCRIMINACIÓN

De hecho, el informe resalta que estas medidas contienen elementos que dirigen las compras de los consumidores a ciertos establecimientos, en detrimento de otros, trascendiendo su mera condición de ayudas al consumo para constituir, también, ayudas a determinadas empresas.

Estas limitaciones constituyen restricciones a la competencia en forma de requisitos "injustificadamente discriminatorios" que fragmentan el mercado, relajando así la competencia entre oferentes y, por tanto, atenuando las ventajas para el consumidor que en principio deberían derivarse de dichas medidas.

Según el organismo que preside Luis Berenguer, las condiciones de territorialidad, en la medida en que privilegian a los operadores de una comunidad autónoma frente a los competidores establecidos fuera de ella, tienden a reducir la presión competitiva necesaria para maximizar el bienestar del consumidor.

Por ello, Competencia recomienda eliminar toda forma de selección o trato preferencial entre las empresas que actúan como oferentes en los mercados de bienes o servicios objeto de las ayudas. En particular, "las Administraciones no deben supeditar su obtención a criterios de territorialidad de los establecimientos de venta, ni favorecer determinadas formas de organización o tamaño empresarial, ni menos aún privilegiar a operadores específicos, en detrimento de otros". Según su análisis, la eliminación del diseño de las ayudas en cuestión de este tipo de requisitos contribuirá a evitar efectos colaterales indeseados.

CRISIS

El documento elaborado por la Comisión también refleja el impacto que el desarrollo de la crisis económica ha tenido en el incremento de la intensidad de las ayudas, así como en las medidas específicas que se han adoptado para paliar sus efectos.

Según el volumen de ayudas y su evolución temporal, cabe resaltar el hecho de que durante el año 2008 se produjo un claro repunte del volumen de ayudas, que ascendió a 5.305 millones de euros (0,48% del PIB), frente a los 3.889 millones del año anterior (0,36% del PIB).