Estas tres plataformas de ONG coincidieron con el Ejecutivo de Nicolas Sarkozy en que "cualquier persona que cometa un delito debe hacer frente a las consecuencias", pero rechazó que "se continúe criminalizando a todo un grupo por las acciones de unos individuos".

En este sentido, subrayaron que responsables del Gobierno francés han relacionado a las comunidades gitanas con asentamientos ilegales, tráfico de personas, explotación de menores o prostitución, lo que "refuerza los prejuicios y opiniones discriminatorias que ya existen contra la minoría étnica más numerosa de Europa".

Además, vieron "indicios claros" de que Francia incumple la directiva europea sobre igualdad racial, la directiva europea sobre los derechos de los ciudadanos y la Carta de Derechos Fundamentales.

Por ello, estas tres plataformas españolas de ONG pidieron a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembro "una reacción contundente contra el discurso inflexible y racista del Gobierno de Francia y las medidas puestas en marcha contra la población gitana".

Además, reclamaron a la Comisión Europea y a la Presidencia belga que dé un impulso claro a las políticas para avanzar en la inclusión social de la población gitana en la UE.

Por último, instaron al Gobierno español a que "muestre máxima firmeza y condene el trato que la población gitana está recibiendo en Francia" y a los ciudadanos europeos a que rechacen estas medidas de Sarkozy y muestren su solidaridad con el pueblo gitano.

Foto: Juan de Dios Ramírez-Heredia, presidente de Unión Romaní, miembro a su vez de la Plataforma de ONG de Acción Social.