En la declaración, el Gobierno respalda las gestiones de la Presidencia de la Unión Europea ante las autoridades iraníes, a las que llama expresamente a cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es parte.

Por ello, anima a Irán a eliminar la lapidación de su legislación y a ratificar la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El Gobierno expresa además su intención de promover en Naciones Unidas “toda acción” tendente a salvar a Ashtani y a erradicar la lapidación, y para ello se compromete a abordar este asunto en el Consejo de Derechos Humanos, y a intervenir en el debate de la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán, previsto en el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó el “firme” compromiso del Gobierno en la protección de los derechos humanos y con la abolición de la pena de muerte.

De hecho, el Gobierno ha defendido ante organismos internacionales la moratoria en la aplicación de la pena de muerte como paso previo e inequívoco hacia su definitiva abolición en el mundo.