La responsable de Empleo explicó que son las comunidades autónomas las que organizan los cursos de formación y que, por lo tanto, son ellas las que tramitan ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración las solicitudes de expediente para aquellos desempleados que se niegan a asistir a estas actividades.

En este sentido, Rojo apuntó que en los cinco primeros meses del año el Ministerio recibió menos de un centenar de estas solicitudes.

La secretaria general indicó que desde el año 1994 las personas que se registran como parados en los servicios públicos de empleo tienen una serie de obligaciones y que, desde 2004, se incluye la de acudir a los cursos de formación.

Hasta ahora, los nuevos parados podían rechazar estas actividades durante los tres primeros meses, pero la reforma laboral reducirá este plazo a sólo 30 días.

Rojo dijo que tampoco superaron el centenar los expedientes abiertos entre enero y mayo a aquellos parados que se negaron a aceptar un puesto de trabajo.