La adaptación, que se tenía que producir en un periodo de seis meses desde la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros, permitirá fortalecer estas entidades para que puedan hacer frente a los retos derivados de la reforma del sistema financiero internacional.

Por un lado, tendrán más facilidades para capitalizarse y, por otra, contarán con una gestión más profesional y despolitizada. Las principales modificaciones que introduce el decreto ley se pueden agrupar en las nuevas formas de ejercicio de la actividad financiera para responder a las actuales necesidades del sector financiero en cuanto al mantenimiento del nivel de solvencia y al desarrollo de su tarea.

También se establecen nuevas formas mediante las cuales las cajas de ahorro podrán llevar a cabo la actividad financiera. El nuevo decreto ley establece la necesaria aprobación, por parte de la Generalitat, de los procesos de transformación de la actividad financiera que lleven a cabo las cajas de ahorros catalanas.

Se refuerza la capitalización de las entidades, se profesionalizan los órganos de administración y gestión y también se prohíbe la participación de cargos políticos electos (parlamentarios y regidores) y de altos cargos de las administraciones públicas.

Finalmente, se permite que las cajas decidan retribuir los miembros del consejo y de la comisión de control y se aumentan las exigencias de calificación y honorabilidad de los miembros de los órganos de gestión de las cajas de ahorros.