En declaraciones a Servimedia, Canalda afirmó que “el proceso de reinserción del ‘Rafita’ no ha funcionado”, y de hecho “que volviera a delinquir es algo que muchos ya esperábamos”, agregó.

La razón de este fracaso es la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, apuntó Canalda, para quien aunque “es una ley buena para la mayoría de los casos, fracasa estrepitosamente en los delitos más graves”, subrayó.

En su opinión, hacen falta “penas excepcionales para delitos excepcionales”, a fin de “garantizar la verdadera inserción” de individuos que cometen crímenes tan terribles como el de Sandra Palo.

Por ello desde la puesta en vigor de esta ley “no nos hemos cansado de repetir que hay que reformarla”, declaró el defensor.

REVISAR LA LIBERTAD VIGILADA

Entre otras modificaciones, Canalda abogó por que “en los casos más graves las medidas judiciales no lleven aparejada la libertad vigilada”, que a su juicio “es muy difícil de controlar”.

“El ‘Rafita’ es un ejemplo claro de que (esta) no funciona”, prosiguió, ya que “ha delinquido hasta en siete ocasiones y el tiempo que ha pasado en un centro de internamiento no ha garantizado su reinserción”, puntualizó Canalda.

Su idea general es “ampliar las penas y el tiempo de internamiento para los delitos más graves”, de forma que cuando estos delincuentes “salgan se encuentren en las mejores condiciones para su reinserción”.

Mientras que en los casos habituales “la libertad vigilada permite ir tomando contacto poco a poco con la sociedad”, en los crímenes más graves su eliminación permitiría que el condenado pasase todo el tiempo en el centro de internamiento, “trabajando con los especialistas y asegurando su reeducación”, señaló Canalda.

Solo se podría conceder si un grupo de expertos lo considerase adecuado, pero este favor “no debería estar incluido en la propia medida judicial”, reiteró.