Según los cálculos de Moreno, elaborados con datos relativos a 1990 y 1991, "más de 230 millones de pesetas ha entregado la consejería de Integración Social através del sistema de contratación directa".

Los populares han denunciado, por un lado la existencia de cinco contratos que contravienen la legislación vigente, y por otro, las deficiencias que aparecen en la información aportada a la Comisión de vigilancia de las contrataciones de la Cámara regional por parte de esta consejería.

Según el estudio del PP, el volumen de contratos adjudicados directamente por la consejería pasó de representar un 88 por cien, sobre el total de las contrataciones en 190, a un 92 por cien un año después.

Respecto a los cinco contratos ilegales, José Luis Moreno señaló que se trata de contrataciones por trabajos de asistencia técnica por un valor superior a los diez millones de pesetas.

Asimismo, el diputado afirmó que "la Ley de Contratos del estado establece en los diez millones el tope para adjudicar directamente contratos de asistencia, por lo cual, una vez más, noss encontramos con que la Comunidad de Madrid vulnera ya no sólo el espíritu sino también laletra de esta ley".