El sindicato respondía así a las últimas declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien consideró "razonable" el plazo de 30 días.

En una nota, el sindicato indicó que la ocupabilidad de los desempleados "no se puede acometer desde una posición de sanciones y de pérdida de prestaciones, sino que es necesario aumentar la inversión en políticas activas de empleo".

"Esta nueva medida incide en una política persecutoria a los perceptores de las prestaciones", apuntaron desde el sindicato.

Para UGT las necesidades de los desempleados pasan por el desarrollo de unas políticas de empleo modernas y adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo, la modernización y potenciación de los Servicios Públicos de Empleo, y una mayor inversión en políticas activas de empleo.