El PP afirma que el Gobierno municipal "ha alegado durante días desconocimiento del acto y, ahora se exime de responsabilidades asegurando que no le corresponde la prohibición de éste”.

Fernández insiste en que “el Ayuntamiento está legitimado y obligado a intervenir y a promover la prohibición de este homenaje proetarra por respeto a las víctimas del terrorismo y al Estado de Derecho”.

Aseguró que “sería vergonzoso que la Audiencia Nacional prohibiera el acto sin que el Ayuntamiento hubiera movido un dedo para impedirlo, habiéndose limitado primero a decir que no tenía constancia de este homenaje" pese a que "el PP ya había aportado pruebas de su difusión en Internet y publicidad con múltiples carteles por las calles de Gràcia, y ahora por no ser de su competencia”.

Fernández afirmó que “Hereu no puede olvidar que las personas que son objeto de este homenaje formaban parte o colaboraban con un comando de ETA que no por casualidad llevaba el nombre de Barcelona, sino que lo llevaba por su ensañamiento con la ciudad y con los municipios del entorno”.

Además, añadió que “este comando asesinó a dos concejales del Partido Popular en San Adrián del Besós y Viladecavalls, a Ernest Lluch y a un agente de Guardia Urbana de Barcelona”.

Finalmente, sentenció que “lo único que pretende el alcalde socialista es inhibirse por sus complejos y por su temor a enfrentarse a los grupos radicales en Barcelona; ahora a los que organizan este homenaje, aunque ya lo ha demostrado en otras ocasiones con grupos antisistema y okupas”.