Esta renta, equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), es uno de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Empleo del Reino de España, y supondrá un gasto total para el Estado de 50.000 millones de pesetas, recogidos en el Presupuesto del Inem para este año.

Según el Gobierno, el número de trabaadores parados que se podrán beneficiar de este programa asciende a más de 91.000, y calcula que percibirán 53.010 pesetas mensuales durante un promedio de 8,5 meses, hasta un máximo de diez meses.

Para garantizar la eficacia de esta renta, la nueva normativa prevé la coordinación entre el Inem y las comunidades autónomas que tienen las competencias sobre las políticas activas de empleo.

El trabajador debe manifestar expresamente su disponibilidad para la reinserción laboral, suscribiendo antes u compromiso de actividad con la Administración, y serán los Servicios Públicos de Empleo los competentes para desarrollar el programa, que se inicia con la asignación de un tutor de empleo que prestará atención individualizada al parado.

El programa continúa con el seguimiento de un itinerario de inserción en algún plan de formación o empleo (Plan Nacional de Formación, talleres de empleo, planes de empleo de parados para obras o servicios de interés general o social y otros planes) antes de tener el erecho a percibir la renta activa de inserción.