9 AÑOS DE CARCEL PARA DOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA ANDALUZA CONDENADOS POR FRAUDE, ESTAFA Y FALSEDAD EN DOMCUMENTO PUBLICO

HUELA
SERVIMEDIA

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un total de 9 años de prisión a dos funcionarios de la Delegación de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, acusados de los delitos de fraude, estafa y falsedad en documento oficial.

Los dos procesados por fraude en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), Francisco Arroyo Díaz y Juan Manuel López Seisdedos, han sido condenados por la Audiencia onubense a siete y dos años de cárcel, respectivamente.

Por un delito coninuado de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público, el Tribunal impuso una pena para Arroyo de seis años y un día de prisión mayor y una multa de 30.000 pesetas, y por otro delito de fraude, un año de prisión menor e inhabilitación especial para el cargo páublico que desempeña y la posibilidad de obtener otro análogo durante seis años y un día.

Por su parte, López ha sido condenado a un año de prisión menor por delito continuado de estafa y a otro año y multa de 30.000 pesetaso 16 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por un delito continuado de falsedad de documento oficial.

Además, ambos deberán abonar conjuntamente distintas cantidades que oscilan entre las 4.000 y 30.000 pesetas en concepto de indemnización a los efectos por el fradue en la ITV de la capital onubnse.

Según la sentencia, queda probado que los acusados idearon un plan para obtener dinero de terceros haciendo inspecciones, "fuera de los locales de la ITV".

Los hechos ocurrieron durante1986, cuando Arroyo, jefe de negociado de la ITV de Huelva, y López, peón de la empresa, se pusieron en contacto para, "aprovechandose de los conocimeintos profesionales que poseían, obtener un dinero extra".

Asimismo, la sentencia indica que López se encargó de desplazarse por diversos pueblos onubenses para contactar con los propietarios de vehículos pendientes de pasar la ITV, ofreciéndose para realizar esta operación en cada localidad y cobrándoles por ello una cantidad de dinero que ambos procesaos se repartían.

Por ese fraude, en el que también se incluye la falsificada certificación de que los 200 vehículos "habían sido revisados", tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular -la Junta de Adnalucía-, pidieron para los encausados un pena global de doce años de prisión.

El abogado de Arroyo solicitó su libre absolución y el letrdo de López pidió para su defendido seis meses de arresto mayor y otros seis de prisión menor.

(SERVIMEDIA)
12 Nov 1992
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