Según Amnistía, "Ali" Abdullah Muhsin al-Rajhi fue acusado de asesinar a un jeque, pero, en lugar de ser arrestado y llevado a juicio por las autoridades, fue entregado a la familia de la víctima.

El presunto asesino murió acribillado a tiros por un familiar del jeque el pasado 18 de julio, frente a una multitud en las afueras de una mezquita de la aldea de Al-Hajfa, al sureste de Sanaa, capital de Yemen.

Amnistía sugirió que las autoridades yemeníes, incluida la policía, estaban al tanto de lo que ocurría, pero no hicieron nada para intervenir ni tomaron ninguna acción contra los autores.

El director del Programa Regional de Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional, Malcolm Smart, señaló que este asesinato se llevó a cabo con la complicidad de la policía y las autoridades locales.

"No se debe permitir que quede en la impunidad. Las autoridades yemeníes deben asegurarse de que aquellos que llevaron a cabo este homicidio sean llevados prontamente ante la justicia", añadió.

Amnistía indicó que Abdullah Muhsin Al Al-Rajhi no fue entregado a las autoridades porque así lo decidieron su familia y los parientes del jeque asesinado, que entendieron que el proceso judicial sería largo y resultaría muy costoso.

En su lugar, Al-Rajhi se sentó frente a la pared de la mezquita de Al-Haifa y recibió tres disparos en la espalda y otros más en el pecho, ante una gran multitud de aldeanos. Su familia retiró después el cuerpo y lo enterró.

"Los acusados de crímenes deben ser tratados de acuerdo con la ley y sus derechos humanos deben ser respetados. Deben ser detenidos, procesados y sometidos a un juicio justo por parte del poder judicial de Yemen y, si son hallados culpables, deben tener derecho a recurrir y no podrán ser sometidos a la pena de muerte", explicó Smart.