La aprobación de este real decreto responde a los cambios que se han producido desde el año 2001, tanto en la contratación en el sector público, como en la organización y estructura del Ministerio de Defensa y de sus Fuerzas Armadas.

A partir de ahora, las competencias que la ley asigna al ministro y al secretario de Estado de Defensa en materia de contratación, se desconcentran en once mandos, que son: el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, los directores Generales de Armamento y Material, de Infraestructura y de Asuntos Económicos; los jefes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire; el inspector General del Ejército de Tierra; y los directores de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Estas autoridades, así como los órganos en que las mismas puedan delegar las facultades de contratación, ejercerán tanto las competencias de aprobación del gasto, como las de su compromiso.

Si bien, el nuevo real decreto establece, igualmente, la necesidad de informe previo del secretario de Estado de Defensa para las propuestas de delegación de facultades que realicen las autoridades con facultades desconcentradas.

Por su parte, el titular del ministerio y su "número dos" se reservan las facultades sobre contrataciones en el extranjero, así como resolver contratos que requieran informe del Consejo de Estado; dictar orden de proceder previa en algunos contratos especiales en razón de la materia o por la elevada cuantía; establecer modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos, y la facultad de aprobar precios y costes unitarios en actividades y procesos de empresas en contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado o diálogo competitivo.