La nueva norma integra un conjunto de disposiciones referidas a la gestión del patrimonio del Estado y pretende agilizar y aclarar los trámites de los distintos negocios jurídicos patrimoniales en aras de una mayor seguridad jurídica.

El reglamento incorpora materias antes reguladas en normas dispersas, que constituyen no obstante materia propia del ámbito patrimonial, tales como la sucesión legítima del Estado, la gestión de saldos y depósitos abandonados, o el funcionamiento de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, órgano interdepartamental de asesoramiento y control.

Con este decreto, el Gobierno aumenta los controles y la transparencia del sector público empresarial. Las empresas públicas deberán observar el cumplimiento de un código de conducta y buenas prácticas y estarán obligadas a difundir a través de Internet sus balances anuales y la composición de sus órganos de dirección.

También se regula la enajenación de bienes públicos por concurso para permitir vincular su destino a las políticas públicas en vigor, utilizando criterios de adjudicación distintos del precio.