Aproximadamente mil millones de personas en el mundo no tienen asegurada el agua potable y 2.600 millones no tienen acceso a un saneamiento sostenible, por lo que las ONGD reclaman que el Gobierno español, "fiel a su posición", apoye que la ONU y los demás gobiernos de la Unión Europea velen por el reconocimiento efectivo de este derecho, "para evitar que su gestión recaiga en entidades privadas que velan por intereses particulares".

El pasado 17 de junio, el Gobierno de Bolivia elaboró una propuesta, que actualmente está siendo completada con las aportaciones de otros países para ser presentada en la Asamblea General de la ONU, para que la organización internacional reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento limpio y seguro como un derecho humano.

La responsable de comunicación de la Coordinadora de ONGD, Yolanda Polo, afirmó en una nota que, "en un contexto como el actual, en el que la crisis está golpeando a las personas más vulnerables, los gobiernos tienen la oportunidad de cambiar esta realidad y dar un paso importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio".