El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, solicita nueve años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista para la portavoz de D3M, Amparo Lasheras, así como a los miembros de esta formación Arantza Urkaregui, Elisabet Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua.

El escrito de calificación del fiscal señala que estas nueve personas son militantes de ETA y tienen “responsabilidad” dentro de la banda terrorista.

Por su parte, González Mota pide siete años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista al presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate; a su secretario general, Xabier Isasa; al representante de D3M ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antía así como al miembro de esta formación Aitor Liguerzana.

Sobre los máximos responsables de Askatasuna, Munduate e Isasa, el escrito señala que prestaron su consentimiento a que el partido político que dirigían asumiera las decisiones de ETA. Aún así, no se les acusa de integración en ETA porque no ha quedado acreditado que participaran activamente en los planes de la banda terrorista.

D3M y Askatasuna fueron ilegalizadas tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional por ser sucesoras de Batasuna.