Según informa el Gobierno madrileño, esta fue una de las principales conclusiones a las que llegaron los consejeros responsables de esta materia en las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias, Aragón y Madrid, durante el encuentro celebrado hoy en Valencia, al que acudió el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

Así, estas comunidades quisieron analizar la situación creada a raíz de la crisis económica y financiera actual, partiendo de una voluntad clara de no renunciar a la modernización de la Justicia, basada en el nuevo modelo de oficina judicial.

No obstante, señalaron que esto no puede suponer un incremento presupuestario inasumible, ya que implicará costes en la reorganización de infraestructuras y en gastos de personal, a través de complementos específicos de algunos puestos.

En este sentido, solicitaron al Ministerio de Justicia un mayor liderazgo y coordinación, así como información sobre los plazos de la implantación de la oficina, pero en especial incidieron en la necesidad de priorizar jueces frente a juzgados. En el caso de Madrid, serían necesarios 150, según apuntó Granados.

Las comunidades autónomas consideraron fundamental replantear el incremento año tras año del número de juzgados, algo que no ha conseguido mejorar las estadísticas de los asuntos pendientes. Por ello, apostaron por potenciar el número de jueces y, en especial, de las figuras de los jueces de adscripción territorial, sin necesidad de estructuras fijas y permanentes, excepto donde sea absolutamente necesario.

Así, abogaron por incrementar el número de estos profesionales determinado por el Ministerio para este año (un total de 50 para toda España). Acompañaron esta petición de la de aumentar también el número de secretarios judiciales, así como flexibilizar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales, al menos hasta que sea desplegada la nueva oficina judicial en los partidos judiciales correspondientes.

Por último, las reformas propuestas pasaron por dar prioridad a servicios comunes de ejecución para cobro de las deudas, los de conciliación y mediación para evitar llegar al contencioso y los de tramitación, que suponen una carga de trabajo muy fuerte para los juzgados civiles.

Entre otros acuerdos, las comunidades consideraron necesaria la reforma del modelo de asistencia jurídica gratuita para introducir mecanismos de control que la hagan más eficiente.

Además, reclamaron al Ministerio la transferencia de competencias en el personal de Justicia, así como la convocatoria de la Conferencia Sectorial el próximo mes de septiembre y la definición de la cuantía económica para las comunidades autónomas, proveniente de los depósitos judiciales y la tasa por recursos.