Tras cursar invitación para asistir al encuentro a todos los grupos de la Cámara Baja, acudieron el PSOE, CiU, PNV, BNG y NaBai. IU excusó su ausencia por otro compromiso, y el resto de los partidos no acudieron.

Ambas centrales reconocieron estar "muy preocupadas" por la tramitación de una reforma en la que sólo los derechos laborales son los "paganos" de una crisis que no generaron. Lo peor, opinan, es que tanto el partido que gobierna (PSOE) como el que puede gobernar (PP) están de acuerdo en su contenido.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, denunció el "festín especulativo impresionante" de los últimos años y los "beneficios empresariales tremendos", que no han servido para mejorar el sistema productivo.

Criticó que esta reforma laboral forma parte del engranaje que pone "la política al servicio de la erosión de los instrumentos de reparto" y que supone un "deterioro democrático" y un "proceso sumarísimo a los derechos laborales".

Para ELA, el poder político se está comportando como un "títere" en manos de intereses económicos que pretenden hacer creer que la reforma creará empleo y que se reducirá la temporalidad.

Por todo ello, pidieron a los grupos con los que se entrevistaron que voten en contra de la reforma laboral y exijan al Gobierno que ponga a la Inspección de Trabajo a luchar en contra de la temporalidad injustificada y fraudulenta.

Por su parte, el secretario general de CIG, Suso Seixo, criticó la "actitud falsa e hipócrita" de las grandes centrales sindicales, que permanecieron en la mesa de diálogo social haciendo creer a la sociedad que "podría salir una solución" a la crisis de ese proceso.