PSOE, CiU y ERC-IU-ICV habían presentado propuesta de resolución sobre el Estatuto de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque en sentido diferente.

Tanto CiU como ERC-IU-ICV enmendaron sus propios textos, y también el del PSOE, para incorporar el texto que el pasado viernes aprobó el Parlamento de Cataluña y que recuperaba el preámbulo del Estatuto.

El PSOE no aceptó esas enmiendas y defendió hasta el último momento que su resolución hacía una mención expresa a ese preámbulo y que su texto era el más completo y el más equilibrado.

Sin embargo, en la votación de las propuestas, la resolución del PSOE únicamente contó con sus propios votos, mientras que PP, CiU, ERC junto al PNV votaron en contra e ICV optó por abstenerse.

Después, en los pasillos del Congreso, el coordinador de los diputados socialistas catalanes, Daniel Fernández, culpó a CiU de ese rechazo y reprochó a sus diez diputados que su abstención hubiera permitido la aprobación del texto “más ambicioso” posible y que mejor refleja la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña.

Los partidos nacionalistas catalanes unieron sus votos para defender sus respectivas propuestas de resolución, pero todas ellas fueron rechazadas por los votos de PSOE y PP.

La propuesta del PSOE, pactada con los socialistas catalanes, partía del acatamiento de la sentencia para constatar el “malestar” creado en Cataluña por la sentencia y reconocer “la necesidad de desarrollar una fuerte acción política para preservar y garantizar plenamente el anhelo de autogobierno de los ciudadanos catalanes en el marco de la España plural”.

A partir de ahí instaba al Gobierno a desarrollar “a través de todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional, el potencial de autogobierno contenido en el acuerdo estatutario entre las instituciones catalanas y españolas que fue refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”.

Finalmente, reiteraba que la realidad nacional catalana, tal y como se expresa en el preámbulo del Estatuto, el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus símbolos e instituciones, la lengua y la cultura catalanas, el derecho civil y la tradición jurídica catalanas, y una financiación justa, “tienen perfecta cabida en el marco jurídico y político definido por la Constitución de 1978”.