Según informó este lunes Greenpeace, así se desprende de un auto derivado del recurso contencioso-administrativo que interpuso la organización contra el citado proceso.

Según los ecologistas, Industria tendrá así que incluir en el expediente que ha de entregarse a las organizaciones demandantes documentos como el proyecto técnico del ATC, el estudio de seguridad, el proyecto técnico del centro tecnológico asociado para la experimentación con residuos radiactivos e informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.

Para Greenpeace, se trata de "los informes clave del proyecto del cementerio nuclear" que el Ministerio de Industria, "a través del abogado del Estado, se negaba a presentar".

Los ecologistas se quejan de que "esta actitud secretista y obstruccionista del Gobierno es una demostración patente de la falta de transparencia del proceso" que, a su juicio, "puede considerarse ilegal".

En su opinión, "vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente", conocido como Convenio Aarhus.

A finales del pasado mes de febrero, Greenpeace interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (al que se sumó Ecologistas en Acción), para impugnar la resolución del 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria que daba inicio al proceso de búsqueda de candidatos para alojar el ATC y su centro de experimentación nuclear asociado.

"Ante el rotundo rechazo social, territorial y político suscitado ante este proyecto, Greenpeace pide al Gobierno y al PP que acuerden, en el Pacto Energético que están negociando, la paralización del proceso del cementerio nuclear", concluye Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.