Oliván reconoció que "el sentido común nos hace pensar que efectivamente lo que está habiendo son medidas de presión en un contexto de negociación laboral", y afirmó que "los trabajadores tienen todo el derecho a defender sus posiciones, pero utilizando la normativa, en vez de subterfugios que perjudican a los viajeros".

Además, manifestó que "esa utilización torticera de los mecanismos de protección de los trabajadores no sólo produce daños a los derechos de los viajeros, sino también al resto de los trabajadores que no pueden utilizar como ellos ese tipo de subterfugio, por lo tanto, la administración debe actuar con contundencia".

El presidente de UCE concluyó que "los usuarios tenemos que ponermos del lado de la legalidad, y aquellos que estén utilizando de una manera inadecuada y abusiba los derechos de los trabajadores tienen que ser perseguidos, identificados y sancionados".

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, declaró que "respetamos las huelgas, pero no las presuntas huelgas en las que no hay defensa por parte de la empresa porque no se pueden establecer servicios mínimos al no ser una huelga declarada".

Y continuó "es aquí donde más daño se hace a los pasajeros, que han cumplido su parte del pacto al pagar ese billete de avión, pero no están recibiendo la contraprestación, es decir, que se les lleve en tiempo y plazo a su destino".

Izverniceanu señaló que "Fomento tiene que actuar con fuerza para que no queden impunes este daño y este perjuicio que se está creando a muchísimos pasajeros. Además se está dañando la imagen de un país muy deteriorado ya económicamente, y en el que una de sus mayores fuerzas es el turismo".

Por último, la portavoz de OCU llamó a la responsabilidad de los controladores ya que "es muy mal momento económicamente para el país y es muy mal momento para los pasajeros que, muchos de ellos, han comprado sus billetes con mucho esfuerzo. Entendemos que las negociaciones tienen que hacerse de otra manera".