Alegría, durante su declaración como acusado en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra él y otros 19 miembros de Udalbiltza, negó haber recibido órdenes de ETA durante su labor dentro de la asamblea de electos o haber desviado fondos a la banda terrorista.

El acusado, condenado a 12 años y 9 meses de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista en el juicio del “caso Ekin” contra el aparato político de ETA, explicó que formó parte de Udalbiltza desde su asamblea fundacional, celebrada en Bilbao en septiembre de 1999, donde fue escogido como miembro del comité directivo de la organización y responsable del área de euskera.

Posteriormente, a partir del año 2001, tras salir de prisión, fue contratado para realizar labores de coordinación pero como “un mero trabajador”. En este sentido, dijo que no daba órdenes a nadie si no que era él quien recibía directrices por parte del comité de dirección de Udalbiltza. “Sólo informaba a mis superiores, que eran los cargos electos, pero nadie de ETA ni de Ekin”, señaló.

Por último, explicó que, aunque hubiese querido, no hubiese podido desviar fondos a ETA porque sólo “gestionaba el dinero de los fondos que se adjudicaban en la asamblea” y se limitaba “a ajustar los gastos a los ingresos”.

La declaración de Alegría comenzó con un pequeño incidente a cuenta de la traducción de sus palabras al español. El acusado aseguró que la interpretación simultánea de sus declaraciones en vasco le generaba “indefensión”. “La mayoría de los vascos que venimos a estos tribunales renunciamos a hablar en euskera porque se nos traduce mal”, afirmó.

Finalmente, explicó en castellano que no iba a contestar a las preguntas de la Fiscalía porque, a su entender, había quedado “manifiestamente claro” que sus preguntas contenían “un sesgo” y eran la expresión de una “tesis”. Además, dijo que se sienta en el banquillo de los acusados por las actividades que desarrolló como “cargo democráticamente elegido”.

Alegría también adujo que las declaraciones que prestó ante la Guardia Civil y en las que afirmó ser uno de los máximos dirigentes de Udalbiltza las realizó bajo torturas y amenazas.

GOBIERNO PARALELO

La responsable de Cultura de Udalbiltza, Eider Casanova, antigua concejal de Batasuna en Barakaldo (Vizcaya), afirmó ante el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que la organización no pretendía ser “un gobierno paralelo”.

Según el fiscal encargado del caso, Juan Moral, Udalbiltza era "una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA" y pretendía "ser un contrapoder al establecido legítima y constitucionalmente en España", según se recoge en su escrito de acusación.

A preguntas de su abogada, Jone Goiricelaia, las únicas que atendió, la acusada aseguró que en Udalbiltza-Kursaal no sólo había concejales de la izquierda abertzale sino que en su seno convivían “diferentes sensibilidades”. “Era algo plural, había concejales y alcaldes de distintos partidos”, señaló

Casanova, que participó en la organización de la plataforma electoral que intentó presentarse a las elecciones municipales de Barakaldo en el año 2003 tras la ilegalización de Batasuna, dijo que lo hizo “sin ánimo de esquivar la ley” y sólo con la intención de defender “derechos sociales y políticos que se estaban conculcando, entre ellos el derecho a la autodeterminación”.

Por su parte, Loren Arkotxa, para quien la Fiscalía pide un total de 15 años de prisión al atribuirle delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos, también aseguró que Udalbiltza no fue creada por ETA y negó tajantemente que la organización sirviera para financiar a la banda terrorista.

Arkotxa, quien fue alcalde de Ondarroa (Guipúzcoa) durante 12 años, afirmó además que Udalbiltza no pretendía ser un gobierno paralelo al oficial. “Nunca ha sido un parlamento, mandaba menos que un ayuntamiento, sólo era un instrumento de trabajo”, dijo.

CONCEJALES DEL PP Y DEL PSOE

El acusado defendió además que la asamblea de electos no estaba formada sólo por una formación política. En este sentido, aseguró que la invitación para participar en la asamblea fundacional de Udalbiltza fue enviada no sólo a los electos de Euskal Herritarrok, sino también a los concejales y alcaldes del PNV, EA e, “incluso”, a los del PP y del PSOE.

El Fiscal Moral sostiene en su escrito que Udalbiltza se constituyó en 1999 como una Asamblea de Municipios Vascos por alcaldes y ediles nacionalistas (incluidos PNV y EA) del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, pero que, sin embargo, la ruptura de la tregua de 1999 por parte de ETA provocó las primeras desavenencias entre sus miembros, ante la negativa de los representantes abertzales a condenar la violencia.

El 24 de febrero de 2001 se celebró la primera Asamblea General de Udalbiltza en el Palacio Kursaal de San Sebastián, creándose la escisión Udalbiltza-Kursaal, con la asistencia de 713 cargos electos de 265 municipios, todos exclusivamente vinculados a la izquierda abertzale.