Ese es el parecer manifestado por el 84,81 por ciento delos trabajadores por cuenta ajena y por el 84,38 por cien de los profesionales al preguntarles si creen que los tributos bajarían "si el Gobierno no hiciera gastos innecesarios".

El porcentaje de quienes acusan al Gobierno de despilfarro sube hasta el 88,35 por ciento entre los empresarios, al 91,85 por cien entre quienes viven primordialmente de las renta obtenidas por su capital mobiliario y hasta el 100 por cien en el colectivo que vive de sus propiedades inmobiliarias.

La creencia en que el dspilfarro gubernamental es uno de los factores que provoca la elevación de impuestos se mantiene por encima del 80 por ciento entre todos los niveles educativos, desde quienes no tienen estudios primarios hasta las personas que cuentan con títulos superiores.

Tampoco varía sustancialmente en función del estado civil de los encuestados ni el área profesional en que desempeñen su trabajo, si bien el nivel de desconfianza alcanza su máximo entre quienes ejercen el derecho o la medicina, más de un 90 por ien.

DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

La encuesta, titulada "La percepción de la realidad fiscal por los declarantes de IRPF", pone también de manifiesto que los ciudadanos no culpan únicamente a la Administración de la subida de impuestos, sino que también la atribuyen al fraude en que incurren muchos contribuyentes.

A este respecto, algo más de un 80 por ciento de los encuestados contesta afirmativamente al ser preguntado si los impuestos serían "bastante más bajos" en el caso de que cada cidadano cumpliera con su obligación fiscal.

Esa opinión se sustenta en la creencia generalizada en que el fraude tributario está muy extendido, hasta el punto de que más del 40 por ciento de los encuestados piensa que la mitad o más de la mitad de los contribuyentes defraudan al fisco.

Esa convicción es mantenida, con pequeñas diferencias, por los asalariados, los empresarios, los profesionales y los jubilados, y es una realidad admitida incluso por los contribuyentes más ricos, ya que así lo maniiestan quienes ganan por encima de cinco millones anuales.

Pese a ello, una amplia mayoría de los encuestados, el 60 por ciento, asegura que no preferiría pagar menos impuestos si ello supusiera menos servicios públicos, opinión especialmente defendida por los jóvenes menores de 24 años, entre los que sostienen ese criterio un 73,11 por cien de los consultados.

Al parecer, el paso del tiempo, y la experiencia que ello acarrea, hace crecer el escepticismo en este punto, ya que los defensores a ultanza de los servicios públicos caen hasta el 57,8 por cien entre las personas de edades comprendidas entre los 45 y los 54 años y llega al mínimo del 53,2 por cien entre quienes han cumplido los 75.

En todo caso, la opinión de quienes no están dispuestos a pagar menos impuestos si eso supone menos servicios públicos es respaldada mayoritariamente, al margen de las ideologías políticas, aunque con entusiasmo decreciente al pasar de la izquierda hacia la derecha.

En concreto, sostienen dicha posicin el 70,42 por ciento de las personas que se declaran de izquierdas, un 57,52 por cien de los que profesan una idelogía de centro y un 58,44 por cien de los que se autocalifican como derechistas.

Por su situación laboral, los que más defienden los servicios públicos son los asalariados de la Administración, con un respaldo del 68,26 por ciento, siendo algo menor entre los trabajadores del sector privado, del 64,2 por cien.

Sin embargo, es mayoritaria esta opinión incluso entre los empresarios y pofesionales liberales, colectivos entre los que sólo un 36,6 por cien afirma que preferiría pagar menos impuestos aunque fuese al precio de tener menos servicios públicos.

En un término medio figuran los parados y los jubilados. Manifiestan su respaldo a los servicios públicos un 60 por cien de los primeros y un 55,7 por cien de los segundos.

MENOS DE LO QUE SE PAGA

El respaldo mayoritario al mantenimiento del actual nivel de servicios públicos no supone, sin embargo, que los españoles estén maoritariamente contentos con lo que reciben del Estado a cambio de sus impuestos.

De hecho, más del 65 por cien opina que recibe del Estado menos de lo que paga, mientras que alrededor de un 8 por cien sostiene lo contrario y en torno a un 17 por cien cree que sale lo comido por lo servido.

Los más descontentos son los contribuyentes que viven principalmente de su capital inmobiliario (tierras y edificios), colectivo en el que un 82,2 por cien dice pagar más de lo que recibe y el resto no contesta

Este porcentaje se reduce al 55 por ciento entre los perceptores de rentas del capital mobiliario (acciones y titulos) y al 57 por cien entre los agricultores, que son quienes expresan un menor grado de crítica.

En posiciones intermedias figuran los trabajadores asalariados, con casi un 69 por cien de personas que piensan que salen perdiendo con el sistema impositivo, los profesionales (72 por cien) y los empresarios (65 por cien).